· La Familia FUUNDEC, junto con gobierno estatal e instituciones nacionales e internacionales, avanzan en la agenda de los derechos de las personas desaparecidas
· Se reconoce la iniciativa de Ley de Identificación Forense, como una propuesta de los cuarto colectivos de familias de desaparecidos
En el marco del día internacional de los derechos humanos, el Gobierno del Estado de Coahuila fue testigo de un convenio de asistencia técnica para mejorar la implementación de las recomendaciones del Grupo Autónomo de Trabajo que tienen por objeto fortalecer el profesionalismo en la investigación y localización de las personas desaparecidas.
Este convenio es parte de los acuerdos aceptados por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, a propuesta de una serie de iniciativas realizadas por las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Open Society Justice Initiative y USAID a través de Enfoque DH, el cual se firmó en el marco de la Sesión Plenaria de FUUNDEC, celebrada en Palacio de Gobierno.
Con este convenio se espera que la Procuraduría General de Justicia del Estado, mejore sus metodologías para la investigación de las desapariciones forzadas y por particulares, para la acusación y sanción de los responsables y la búsqueda de los desaparecidos de conformidad con el derecho internacional de los Derechos humanos y el derecho penal internacional. Tres expertos colombianos, trabajaran con la SubProcuraduria Especializada durante 11 meses, con el apoyo y supervisión de las partes en este convenio.
El Gobernador Moreira Valdez agradeció la confianza de todas las partes involucradas para llegar a la firma del convenio, ya que cuando tantas instancias se ponen de acuerdo en un largo y complejo proceso, la concreción del mismo se da por el interés de todos de avanzar en la verdad, investigación, esclarecimiento y paradero de todas las personas desaparecidas.
Ina Zoon, Coordinadora de Proyectos de Open Society Justice Initiative para América Latina, dijo: "Este es un proceso impulsado por las familias y el Gobierno estatal, las organizaciones que apoyamos por medio de este convenio somos facilitadores de una asistencia técnica que debe contribuir a este esfuerzo", dijo.
Joaquín Monserrate, Ministro Consejero para Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en México, reconoció la intención "genuina y verdadera" de trabajar en conjunto no solo de familias sino también de autoridades del estado, federales y eclesiásticas. "Este trabajo no ocurre en todas partes, espero que se pueda seguir replicando no solo en Coahuila sino en toda la Nación", dijo.
Por su parte, Paula Cobo, Directora de EnfoqueDH, saludó este proceso y el esfuerzo en conjunto al ser un modelo importante, digno de ser apoyado y replicado, "creemos que ésta es una de las formas para poder avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas; estamos aquí para acompañar el proceso y apoyar en todo lo que se requiera", indicó.
Benjamin Garret, Director Adjunto de la Oficina de Justicia y Seguridad Ciudadana, USAID, México, mencionó que "es un honor estar en este evento en el que se formaliza el compromiso para el trabajo arduo en materia de derechos humanos"
En dicha sesión plenaria, además, se acordaron diferentes temas sobre el PROFADE, Capacitación, Foros Internacionales e Informes del Subgrupo Forense, para el calendario de trabajo del 2017. Destaca el seguimiento a la iniciativa de Ley presentada la semana pasada por el Ejecutivo del Estado sobre Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas.
Está iniciativa de ley fue un ejercicio de gran consenso, participación y construcción social de los cuatro colectivos de familias, que acompañadas por expertos internacionales coordinados por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, dieron lugar a una propuesta legislativa que contiene los estándares internacionales y mejores prácticas como normas para garantizar el derecho de las personas a ser identificadas con criterios científicos que den certeza a las familias.
El Ejecutivo del Estado señaló que el Congreso del Estado será la instancia que deberá discutir y aprobar en su caso la ley, pero confió en la sensibilidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para avanzar en este tema de gran relevancia para las familias y para todo las instituciones que les corresponde la obligación de velar por los derechos de las personas desaparecidas. Está ley será un marco legal para implementar en el 2017 el plan forense que se viene consensuado con todos los colectivos y que será una agenda de trabajo prioritario.
Finalmente, las familias FUUNDEC solicitaron a todos las instancias de gobierno seguir trabajando en esta agenda consensuada, en redoblar los esfuerzos que el Ejecutivo del Estado ha realizado en estos cinco años de gobierno y en reconocer lo valioso e importante de construir juntos este modelo de trabajo aceptado por el Ejecutivo del Estado, para darle seguimiento a las recomendaciones internacionales que el Estado mexicano debe implementar para reconocer y atender la problemática de las desapariciones como la principal violación de derechos humanos en México.
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