viernes, 8 de febrero de 2019

La Sala Regional Guadalajara trabajará para mantenerse como garante de la legalidad de los procesos electorales: Del Valle Pérez




·         El magistrado presidente del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, dijo que la diversidad de perfiles reflejada en las resoluciones que emite este órgano jurisdiccional enriquece la autonomía institucional
·         La magistrada presidenta de la Sala Regional indicó que impulsarán la profesionalización del personal para mantenerse a la altura de la justicia electoral

Con el objetivo de brindar una justicia electoral acorde a la demanda ciudadana y a los nuevos tiempos que marca la democracia en nuestro país, la Sala Regional Guadalajara impulsará la profesionalización y capacitación de su personal, aseguró su magistrada presidenta, Gabriela del Valle Pérez.

Al rendir su Informe de Labores 2017-2018, la magistrada subrayó que durante el pasado proceso electoral los integrantes de la Sala cumplieron sus funciones con estricto apego a la ley, pese al complejo escenario político y social que representaron dichos comicios.

“Ante el complejo escenario político y social que traían aparejadas las elecciones concurrentes celebradas, dada su trascendencia y el colosal impacto que eventualmente se previó, se hizo patente la capacidad de acción y responsabilidad de este órgano, traducida en beneficios para el régimen democrático, el estado de Derecho y la ciudadanía en general”, señaló.

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes Barrera, este órgano jurisdiccional es una muestra de la riqueza de experiencias profesionales que se ve reflejada en las resoluciones que emite y cuya diversidad de criterios jurídicos enriquece y asegura la impartición de justicia con autonomía plena.

Al dirigir un mensaje, el magistrado presidente del Tribunal Electoral aseveró que la conformación de los integrantes de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación obedece a un diseño constitucional basado en pesos y contrapesos, en los que quienes tienen el deber de servir al país lo hacen con el único compromiso de garantizar el respeto a los derechos de las personas con independencia de cualquier modelo de designación de sus miembros.

“El TEPJF está abierto a la crítica colaborativa en aras de la institucionalidad, incluso cuando se haga por agendas personales; sin lugar a dudas sabremos rescatar las aportaciones que contribuyan a nuestra labor y fortaleza institucional. Nuestra agenda siempre ha sido y será la de la interpretación de la Constitución como la fuerza del pueblo de México para mejorar día a día su democracia”, aseveró Fuentes Barrera.

Ante el magistrado Fuentes Barrera, las magistradas de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine M. Otálora Malassis, y el magistrado José Luis Vargas Valdez, así como de las magistradas y magistrados de las Salas Regionales, invitados y funcionarios electorales, del Valle Pérez indicó que, como una institución al servicio de la ciudadanía, trabajarán para continuar siendo garantes de los principios de legalidad y certeza de los procesos electorales, así como en la tutela de los derechos de los justiciables.

Del Valle Pérez reconoció el fortalecimiento de la comunicación interinstitucional y las buenas relaciones con institutos y tribunales locales, en la tramitación y resolución de los medios de impugnación que se presentaron durante el pasado proceso electoral.

Actividad jurisdiccional
Del 1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2018, ingresaron a la Sala Regional Guadalajara 5,145 demandas, de las cuales 4,293 (83.44%) correspondieron a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC); 295 (5.73%) a recursos de apelación (RAP); 231 (4.49%) a juicios de revisión constitucional electoral (JRC) y 219 (4.26%) a juicios de inconformidad (JIN). Estos representan el 97.92 por ciento.

Durante el periodo que se informa, respecto a los cargos competencia de la Sala Regional, se renovaron 24 senadurías y 60 diputaciones, a nivel federal; y se celebraron elecciones en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Sinaloa y Sonora, estados en los que se eligió 1 gobernador (Jalisco), 190 diputaciones locales y las autoridades de 282 ayuntamientos.

La magistrada del Valle destacó que, del universo de asuntos recibidos, más del 92 por ciento estaban relacionados con la renovación de órganos de representación popular, tanto para cargos federales como locales, siendo los segundos los que más se controvirtieron, pues 4,333 fueron relativos a elecciones en las entidades federativas, mientras que solo 413 estuvieron vinculados con las federales.
La Sala Regional Guadalajara celebró 64 sesiones públicas.

Criterios relevantes
En el periodo que abarca el presente informe, la Sala Regional Guadalajara estableció en sus sentencias diversos criterios relevantes, mediante los cuales, se protegieron los derechos de quienes aspiraban a candidaturas, ya sea por la vía independiente o postulados por partidos políticos, así mismo, se dio certeza y legalidad a las elecciones y a la integración final de los congresos locales y ayuntamientos.

Muestra de lo anterior, indicó la magistrada del Valle, fueron aquellos asuntos en los que se protegió el derecho a ser votado, al flexibilizar el requisito de dispersión territorial para recabar las firmas de apoyo exigido por la norma para candidaturas independientes.
También se protegió el derecho a ser votado, cuando se interpretó lo que debía entenderse por participación simultánea formal y material en procesos internos de selección de partidos políticos diferentes.

De igual forma, añadió la magistrada presidenta, en nuestras sentencias tomamos decisiones con perspectiva intercultural para garantizar la participación efectiva de las y los integrantes de los pueblos indígenas en las elecciones, por ello, emitimos un criterio para fomentar el acceso de las personas indígenas a las candidaturas independientes,

Igualmente, se potencializó el derecho humano a la identidad indígena, al ordenar al Instituto Nacional Electoral realizar un estudio técnico multidisciplinario, para dictaminar la posibilidad de incorporar a la credencial para votar, la denominación de la etnia a la que se pertenezca.

Por lo que se refiere a la validez y legalidad de las elecciones municipales, este órgano jurisdiccional preservó los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, así como la voluntad ciudadana plasmada en las urnas, por lo que se revocaron las nulidades de algunos comicios, decretadas por algunas autoridades electorales.
 

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