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La resolución judicial
emitida por el Juez 29° de lo Civil, señala que, como lo había indicado el
AICM, el contrato de arrendamiento con
Fumisa quedó sin efecto el 31 de diciembre de 2013.
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El AICM es legítimo
poseedor y único autorizado para arrendar los inmuebles y espacios comerciales,
bienes del dominio público de la Federación, de la zona internacional de la
Terminal 1.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tomó conocimiento este
viernes del acuerdo emitido por el Juez Vigésimo Noveno de lo Civil, Francisco
Sergio Lira Carrión, en el que establece que, a partir del 1 de enero de 2014,
queda sin efecto la protección posesoria de la Inmobiliaria Fumisa, que
pretendía extender su plazo de explotación de 732 locales comerciales, el 42 por ciento de los 2 mil Cajones del estacionamiento
internacional y 11 Pasillos Telescópicos, en la zona internacional de la
Terminal 1.
La resolución judicial señala que “la conclusión natural de la vigencia de
la relación contractual de arrendamiento,” surtió efectos el 31 de diciembre de
2013. Con base en esta resolución, el AICM reitera que la prórroga no es una
figura jurídica establecida en el contrato por lo que recupera de pleno derecho
los locales y espacios comerciales.
Agrega la sentencia, que el derecho que el
Interdicto concedía a Fumisa para retener provisionalmente la posesión jurídica
de las áreas arrendadas sólo puede surtir efectos durante la vigencia de la
relación arrendaticia, según se desprende de una resolución de la Décima Sala
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
En este sentido, la autoridad Jurisdiccional
resolvió “…que la providencia precautoria ordenada el quince de abril de dos
mil trece, quedó sin efectos a partir del uno de enero de dos mil catorce,…”
Queda firme que el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México es el único legalmente autorizado para arrendar los
inmuebles y espacios comerciales de la zona internacional de la Terminal 1, que
hasta el 2013 explotó durante 20 años la Inmobiliaria Fumisa.
El AICM reitera, como siempre lo ha expuesto,
su compromiso con el respeto al estado de derecho y la resolución emitida por
la autoridad judicial. De igual forma, reitera y exhorta a los locatarios que
todavía no han firmado los contratos a suscribirlos, pues se trata de bienes
del dominio público de la Federación.
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