A LA BÁSCULA

Revocación de mandato

Julián Parra Ibarra

En medio de la polémica y una gran división de opiniones, este domingo 10 de abril se llevará a cabo por primera vez en nuestro país, el proceso de revocación de mandato que, está publicado en la página del Instituto Nacional Electoral (INE), “es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza”.

Desde su origen el procedimiento no se ajusta a la finalidad que dice perseguir, porque no fue solicitado por la ciudadanía, sino que es una propuesta realizada por el Presidente y que, por ser una modificación constitucional, fue aprobado por la mayoría de Morena en las cámaras de Senadores y Diputados, y los congresos locales. Resulta extraño, por decir lo menos y de manera amable.

Con ese punto de partida, todo o que lo envuelve está cubierto por un mano de dudas o hasta sospechas del fin último que se persigue. Una de las primeras acciones de este tipo fue el regateo y la negativa de otorgar al árbitro electoral los recursos suficientes para realizar el proceso ‘como Dios manda’, para luego acusarlo de querer boicotear el ejercicio por no establecer el número de casillas suficientes, equivalentes a las de una elección.

Llama poderosamente la atención que no sea ni la ciudadanía y ni siquiera los partidos de oposición quienes estén buscando la revocación de mandato, sino el propio ejecutivo y su partido, que además de manera poco transparente, leal y legal, han tratado de invertir las cosas, para que sea un proceso de ratificación del mandato, procesos que en la historia contemporánea, solamente se le vieron proponer –y hasta con las mismas palabras- a personajes como Hugo Chávez en Venezuela, y Evo Morales en Bolivia, con la finalidad de alargar el tiempo de su permanencia en el poder.

A lo largo y ancho del territorio nacional, se ha ‘inundado’ de espectaculares donde aparentemente organizaciones de la sociedad promueven no el proceso de revocación de mandato sino con la leyenda de ‘Vamos a votar #QueSiga AMLO’. Lo que es ilegal, y a pesar de los llamados del INE, los anuncios no fueron retirados, ni tampoco nadie ha sido sancionado por ello’, y además en pleno desarrollo del proceso, los legisladores morenistas cambiaron la ley para poder usar recursos públicos al permitir que los gobiernos pudieran promover y difundir el ejercicio.

Analistas políticos y estudiosos del derecho político y electoral, consideran que si hay una alta participación, el proceso de revocación de mandato se podía convertir en el primer paso para que el Presidente busque prolongar su estancia en el poder, más allá del periodo para el cual fue electo. En caso que la participación ciudadana sea baja, sería el mejor argumento para arreciar la campaña que desde lo más alto del poder, se ha venido enderezando en contra del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Y la anterior teoría se afianza ante el anuncio de que pasado el proceso revocación, el principal inquilino de Palacio Nacional, presentará una propuesta de ‘su’ reforma electoral, para a renovar a los actuales consejeros del INE y magistrados del PTEPJF mediante una elección de entre un listado de propuestas presentadas una buena parte por el ejecutivo, es decir quitar a los actuales que no le han permitido cumplir con todos sus caprichos, y abrir la posibilidad de poner consejeros y magistrados ‘amigos’ para poder manejar las elecciones a sus anchas. La revocación de mandato y la intentona por destruir una de las pocas instituciones que siguen funcionando como contrapesos, van ‘junto con pegado’, forman parte de un mismo proyecto. 

Para que el proceso de revocación de mandato -que a los mexicanos nos costará mil 692.5 millones de pesos, carísimo por innecesario- sea vinculante, tendría que participar 40 por ciento de los integrantes del Listado Nominal, es decir poco más de 37 millones de personas. Y si así fuera, y para que se pudiera cumplir efectivamente con una revocación –es una suposición, porque eso no va a suceder-, tendrían que sumar más del 50 por ciento de los votos ejercidos en el sentido de que se diera ‘la conclusión anticipada (…) a partir de la pérdida de confianza’.

Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que así sea, que participara 40 por ciento de la Lista Nominal, y que al menos 50 por ciento votara en el sentido de revocar el mandato ¿Admitiría un resultado adverso? Hasta ahora, de las campañas en las que ha participado nunca ha reconocido la derrota ¿qué nos haría suponer que hoy sí lo haría? Por ello, muchos sectores hacen un llamado de no participar en un proceso, que por donde quiera que se le vea, luce amañado y sí, hasta parece una trampa. Ya veremos cuántos caen en ella.

laotraplana@gmail.com.mx

@JulianParraIba